Juan Manuel Santos podría declarar emergencia social para intervenir en la crisis de la universidad San Martín, pero no lo ha hecho

Los parlamentarios de la comisión sexta de Senado y Cámara se dieron cita en el Capitolio Nacional para sesionar conjuntamente, a fin de discutir y votar la ponencia para primer debate del proyecto de ley 124 de 2014 del Senado, y el proyecto 179 de 2014 de la Cámara, los cuales regulan la inspección y la vigilancia en la educación superior.

La sesión conjunta contó con la asistencia de la Ministra de Educación Gina Parody, algunos delegados sindicales de la MANE, FECODE, Sindicatos de Trabajadores Colombianos, líderes estudiantiles de la Fundación Universitaria San Martin (FUSM), y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).

Por su parte, el senador Everth Bustamante, manifestó que la voluntad del Centro Democrático es preservar la autonomía universitaria, por lo cual las normas deben ser garantistas independientemente de quien esté en el gobierno. En este sentido se muestra en desacuerdo con el Artículo 13 numeral 4, donde se establece la facultad para que el gobierno nacional pueda nombrar rector en las universidades por periodo de un año con posibilidad de prórroga.

De la misma forma señaló que este proyecto de ley (124 de 2014) contiene normas que ya están relacionadas en la ley 30 y que no se debe caer en la “enfermedad de legislar” innecesariamente, ya que implica una pérdida de tiempo valioso; tiempo que bien podría emplearse en un estudio para la creación de la Superintendencia de Educación, que traería consigo mejoras económicas y administrativas en las instituciones de educación superior.

Al finalizar, el senador Bustamante explicó que la constitución política le da facultades al primer mandatario para intervenir a las instituciones de educación superior, cuando así el presidente lo disponga, tanto en la parte económica como en la administrativa mediante la declaración del estado excepcional de Emergencia Social. Enfatizó entonces que “el gobierno tiene todas las herramientas jurídicas que le permiten intervenir en el conflicto de la Universidad San Martin y en cualquier otra universidad, pero no las ha aplicado”.

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