El 06 de Noviembre de 1985, el grupo guerrillero M 19 asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá, tomando a 350 rehenes entre Magistrados, Consejeros de Estado, Servidores Judiciales, empleados y visitantes. En la operación de rescate al palacio el 07 de Noviembre, el ejército sostuvo duros enfrentamientos con los rebeldes, lo cual dejó un infortunado saldo de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, seis miembros de la Fuerza Pública y 35 guerrilleros. Respecto a la   toma del Palacio de Justicia por parte del M -19, el Senador Everth Bustamante realizó diferentes apreciaciones para la revista semana frente a estos hechos.

“Yo era secretario de relaciones internacionales del M-19. Por esa época estaba adelantando gestiones ante varios gobiernos de América Latina y Europa ante el agotamiento de las conversaciones que se venían adelantando con el gobierno de Belisario Betancur.

El día de la toma viajaba de Panamá a México, y me enteré de lo que estaba sucediendo a través de los medios de comunicación al llegar. El impacto que causó a nivel internacional fue muy negativo para el M-19, que mantenía muy buena relación con gobiernos como el de México, Perú, y Cuba. El movimiento lograba transmitir un mensaje muy distinto al de otras organizaciones guerrilleras de América Latina, portadoras de una ideología marxista leninista, o comunista, pues siempre supo explicar muy bien que reivindicaba la defensa de un triunfo electoral, de un mecanismo democrático. Su propio nombre hablaba de ello. Pero a raíz de ese acontecimiento los gobiernos nos cerraron las puertas y nos tocó pasar a la clandestinidad.

La toma fue un grave error, un desacierto total del M-19, una organización que, inspirada por su fundador Jaime Bateman, tenía un gran instinto político. A pesar de que su imagen fue la de tomar las armas para rebelarse y tomar como causa histórica el robo de las elecciones del 19 de abril de 1970, el M-19 siempre colocaba el tema político por encima de las armas, de la guerra. Esa fue su característica, pero se cometieron desaciertos en algunos periodos del desarrollo del movimiento.

El riesgo de las armas es muy grande, y el M-19 fue víctima de ello en episodios claves como el del palacio. Sin embargo, a pesar de lo trágico y lo doloroso que fue el hecho para el país y para el mismo movimiento (porque allí murieron todos los que participaron, tanto los autores intelectuales como los materiales), sirvió de alguna manera para hacer una profunda reflexión en el seno del M-19. A los pocos meses se empezó a producir un viraje que terminó en que, de manera democrática, se decidió dejar las armas sin ninguna condición.

Había que entrar a trabajar en fortalecer nuestra democracia, que lamentablemente es imperfecta, llena de vacíos, de inconsistencias y debilidades, pero no se puede combatir con las armas porque eso lleva a una espiral de violencia trágica. El hecho de haber tomado la decisión de firmar los acuerdos de paz nos evitó lo que les ha sucedido a las Farc: más de 100.000 muertos, 50.000 secuestros, 5.000 atentados a la infraestructura del país, más de 12.000 niños reclutados, más de 10.000 extorsiones en los últimos 25 años. Ese es un precio demasiado alto para llegar, de alguna manera, a lo mismo, a la participación política, porque los colombianos no aceptan otra cosa a pesar de la debilidad de la estructuración democrática colombiana. En ese sentido, la toma del palacio evitó una tragedia mayor.

A pesar de los excesos de toda operación militar, la retoma se desarrolló cumpliendo las normas de los reglamentos militares de la fuerza pública, la Constitución y la ley. Era la reacción natural de las fuerzas del Estado. Hasta ahí, diría, el operativo se desarrolló en el marco de la Constitución. Pero un hecho no se ha aclarado en estos 30 años: lo que sucedió con las personas que salieron vivas del palacio. Eran seres humanos, independientemente de que pertenecieran al M-19, fueran magistrados, ciudadanos o funcionarios de la Corte Suprema. Y ahí hay una situación sumamente delicada. La responsabilidad de la fuerza pública llegaba hasta la entrega de los sobrevivientes en la Casa del Florero, pero en la casa surgieron unos nuevos responsables. No ha habido suficiente celeridad en el esclarecimiento de los hechos. El brazo de la justicia no ha llegado hasta los culpables. Unos grupos violaron los derechos humanos, torturaron o desaparecieron civiles que en algunos casos ni siquiera eran del M19. Me parece que ahí tiene que centrarse la investigación lo que resarce el daño a las víctimas es poder encontrar a los responsables y reconocer la verdad de los desaparecidos.»