Constancia Persecución política y judicial

Bogotá, Marzo 8 de 2016. El senador Everth Bustamante  presentó una constancia en la sesión plenaria del Senado. Vea la intervención:

Constancia

Más allá del grave deterioro de la economía; de la indignación nacional que produjo la manipulada venta de Isagen; de la muerte de niños por desnutrición que hubiesen podido salvar sus vidas si con los 600 millones que costaron las cortinas del palacio presidencial se habrían obtenido 244 mil raciones nutricionales en los centros de desarrollo infantil; más allá del conejo puesto por las FARC en el municipio de Fonseca en la Guajira; del inminente riesgo de racionamiento eléctrico; de la claudicación del gobierno ante las FARC en las negociaciones de La Habana; del bajísimo apoyo popular y el enorme desprestigio de su gobierno; de la cuantiosa mermelada con que se unta la ambición insaciable de la clase política y se compran conciencias; de la manipulación financiera de muchos medios de comunicación; del derroche y el despilfarro insultante de los recursos públicos; más allá de todo esto, el Presidente Juan Manuel Santos en primera instancia y el Fiscal Eduardo Montealegre serán responsables ante la historia por regresar al país a la dolorosa época en que un partido u otro utilizaban los recursos del poder para perseguir a sus opositores. Esa fue la que se conoce como la época de la violencia y que dejó más de trescientos mil muertos.

Hoy en su versión siglo XXI el Presidente y el Fiscal decidieron politizar la justicia y utilizarla como instrumento de persecución contra el Centro Democrático, principal fuerza de oposición democrática. El desmantelamiento constitucional e institucional del país es inminente, el ejecutivo mediante un zarpazo y con la complacencia de una mayoría congresional sumisa se está apoderando de las competencias que en materia de paz y de orden público le corresponden al Congreso de Colombia causando un grave e irreversible daño a la necesaria separación de los poderes públicos, fundamento de nuestra democracia.

El Presidente Juan Manuel Santos, está desmontando el monopolio legítimo de la fuerza, principio fundamental de toda democracia y acepta no someter a los responsables de delitos de lesa humanidad y graves violaciones al derecho internacional humanitario. En consecuencia, decide desmantelar la administración de justicia vigente en Colombia y sustituirla por una Jurisdicción Especial para la Paz que será la nueva jurisdicción que determinará el futuro institucional del país y de la administración de justicia.

Mientras a esta Jurisdicción Especial para la Paz se le entrega el poder de una competencia exclusiva y absorbente por encima de todas las demás jurisdicciones, con el propósito de aplicar a las FARC simples penas restrictivas no privativas de la libertad sin que puedan ser objeto de ¨cárcel o prisión ni de medidas de aseguramiento equivalentes¨, la fiscalía en cabeza de Eduardo Montealegre no vacila en utilizar la potestad de su cargo y con claro propósito persecutorio procesar y encarcelar a altos funcionarios y ministros, a dirigentes nacionales del Centro Democrático, y al hermano y los hijos del ex presidente y Senador Álvaro Uribe Vélez. Mientras el represamiento investigativo ordinario de la fiscalía es del 75%, el peso específico de la persecución desatada por el señor Montealegre se centra en desvertebrar la acción política del Centro Democrático como fuerza democrática opositora del gobierno y atentar contra el liderazgo popular incuestionable del ex presidente y Senador Álvaro Uribe Vélez.

La competencia investigativa de la fiscalía y la administración de justicia al servicio de la persecución política es el más grave de los daños que se le puede hacer a la democracia colombiana. Cerca de 60 años de esfuerzos, después de la violencia liberal – conservadora, tratando de reconstruir el tejido institucional de la justicia no son suficientes para que el autoritarismo, la ambición y los sueños desbordados de poder del señor Presidente y del Fiscal Montealegre pongan en riesgo las garantías constitucionales y legales y la seguridad jurídica de los 47 millones de colombianos.

Los abusos del Fiscal contrastan con la ausencia de investigación en la más grande estafa y defraudación de la salud de los colombianos como el caso de SaludCoop en donde está comprometida la responsabilidad civil y penal de Eduardo Montealegre, contrasta con la millonaria e irregular contratación de la señora Natalia Springer, la detención arbitraria e ilegal de Sigifredo López secuestrado por las FARC, la persecución a la ex contralora Sandra Morelli Rico, los ofensivos comentarios contra tres conocidas periodistas, el pretendido nombramiento de ¨embajadores´ de la Fiscalía en el exterior y por supuesto que contrasta con la ausencia total de investigación y justicia en el conocido caso de los once millones de dólares recibidos por el señor Chica, secretario privado, y JJ Rendón asesor de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

Juan Manuel Santos y Eduardo Montealegre son los enterradores de la justicia colombiana, pero esto no sería grave si la premisa esencial de esta traición a la institucionalidad de la nación no fuera la claudicación y la renuncia a la persecución y sanción de la violencia y el terror y más grave aún cuando la prueba de esta claudicación no es otra que entregar en bandeja de plata la cabeza de la legítima oposición democrática representada en el Centro Democrático.

Juan Manuel Santos nunca profesó un ideario político, él merodea en la periferia de todos los partidos, la ¨tercera vía¨ es el trapo con el que limpia las armas de su ambición política que es estrictamente personal, su modelo de país es el que más convenga a su propósito de trascender a la historia, así este país se hunda en lo más profundo de un barrizal escatológico.

Su condición política es la de la conspiración; conspiró durante 40 años desde su columna en el periódico El Tiempo, utilizando el periodismo como puerta giratoria para acceder a la política y a los altos cargos que desempeñó en la administración pública; conspiró invitando a los colombianos para que siguiéramos el ejemplo del Fujimorazo; conspiró para que Horacio Serpa no pudiera concretar su candidatura presidencial en las elecciones de 1.998; conspiró contra la política de seguridad democrática infiltrándose en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y ahora conspira contra la institucionalidad democrática de Colombia claudicando ante las FARC, así como conspiró para derrocar a Ernesto Samper entre 1.996 y 1.997, primero pidiéndole la renuncia en su columna de El Tiempo de fecha 26 de enero de 1.996 que, cínicamente, tituló ¨Grandeza¨, aliándose luego con las FARC, los paramilitares y narcotraficantes para montar una Asamblea Nacional Constituyente de la cual aspiraba a ser su presidente para poder gobernar a Colombia. No es extraño entonces, que como experimentado conspirador sea hoy el principal inspirador de la persecución política y judicial contra el Centro Democrático.

EVERTH BUSTAMANTE GARCIA

Senador de la República

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