Bogotá, 18 de Mayo de 2017. Hace unas horas, la sala plena de la Corte Constitucional hundió dos apartes de la vía “Fast Track”, los cuales tenían el objetivo de tramitar de forma expedita las normas necesarias para implementar el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Meses atrás, el Centro Democrático había presentado una demanda en contra del Acto legislativo, argumentando que esta iniciativa iba en contra de la Constitución y afectaba el equilibrio de poderes. Iván Duque, Senador por el mismo partido, fue quien defendió la demanda en contra del “Fast Track”.

Se trata de los numerales h y  J del artículo primero del Acto Legislativo para la Paz, que decían, que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”.

Frente a este tema, el senador Everth Bustamante (CD), recalcó tiempo atrás en el que se estaban llevando acabo las negociaciones, que el “Fast Track” era un procedimiento antidemocrático e inconstitucional e indicó que el mencionado mecanismo iba en contra de las garantías de los procedimientos democráticos: “No aceptamos que se nos impida discutir los proyectos de ley a implementar.”

Ante el fallo de la Corte, el abogado de las FARC, Enrique Santiago, criticó la decisión del alto tribunal por la decisión que limita los alcances del “Fast Track” y que intervienen con las malas intenciones de los señores de las FARC. “Son llamativos y sorprendentes los impedimentos sistemáticos del poder judicial (…) Llegamos a la conclusión de que la institucionalidad no funciona, y si no funciona toca cambiarla (…) Creo que fue un gravísimo error ternar al actual Fiscal para la Fiscalía General.”

Por su parte, Bustamante rechazó las declaraciones de Santiago y dijo que eran inaceptables, ya que insultaban la dignidad del Fiscal Néstor Humberto Martínez y al tiempo manifestó, que el fallo de la Corte no existiría si el actual presidente, Juan Manuel Santos, hubiera respetado desde un inicio la Constitución del país.