La única insurrección que resuelve problemas y promete cambios es la digital

Todo proceso de paz debe servir para fortalecer la justicia, recuperar confianza ciudadana y no dividir al país

Escuche el audio de la charla en la Escuela superior de guerra sobre la implementación de los acuerdos de paz     (Cali, Feb 7 de 2020):

 

Antecedentes:

A lo largo de los siglos XIX, XX y XXI hemos tenido más de 100 procesos de negociación de diferente orden: locales, regionales y nacionales.

Desde que nacieron las FARC a principios de los años sesentas del siglo pasado, es decir, hace seis décadas se adelantaron más de 15 intentos de negociación. Las FARC, aunque en su formación inicial incorporó algunos reductos de las guerrillas liberales que sobrevivieron al periodo de la violencia liberal-conservadora, en esencia surge como el brazo armado del partido Comunista de Colombia enmarcado en el contexto de la guerra fría que intento dividir al mundo, por la vía de las armas, en países capitalistas y países comunistas o socialistas. Es claro entonces, el origen comunista o marxista-leninista de las FARC.

Sin embargo, esta influencia ideológica inicial de las FARC fue diluyéndose (el PC, su mentor, fue debilitándose hasta que desapareció) por los años ochentas y noventas y su aparato militar en el campo fue permeado en un alto porcentaje por el narcotráfico, la minería ilegal y las bandas criminales. (Lea: ¿Qué exigencias hizo el gobierno Santos a Farc con las rutas, la economía de la droga y la erradicación?)

Entre 1.990 y el año 2012 fueron muchos los intentos para adelantar negociaciones con las FARC. Finalmente, el 4 de septiembre de este último año se inició un proceso que culminó con la firma de lo que se conoce como el acuerdo de paz de la Habana el 26 de septiembre de 2016.

El acuerdo firmado en un extenso soporte documental que contiene una multiplicidad de compromisos sobre diferentes aspectos, formulación de múltiples planes de diverso alcance y contenido, decenales, cuatrienales, anuales, nacionales, locales, regionales relativos a muy diferentes aspectos que requirieron la conformación de muchas comisiones, equipos, instituciones nuevas e instancias diversas para su formulación y aplicación (exagerado papeleo y burocracia), todo lo anterior sin mencionar el costo económico y financiero que se calcula en mas de 150 billones de pesos durante los próximos 12 años.

 

CUAL FUE EL PRECIO QUE SE PAGO POR LA FIRMA DE LOS ACUERDOS.– (Vea: Un proceso de paz que rompe con la institucionalidad del país)Todo proceso de paz que busque desactivar la violencia y el terror tiene un costo cuyo precio debe ser evaluado por los más diversos sectores y actores de la sociedad en su conjunto bajo la conducción de quien constitucionalmente tenga la competencia para dirigir el proceso. En este caso y de acuerdo con la norma constitucional el proceso fue liderado por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Desafortunadamente los mecanismos, los procedimientos y el alcance de los contenidos de los temas que se discutieron en la mesa en lugar de unir al país lo llevaron a sufrir una fuerte polarización que tuvo su punto de máxima expresión el 2 de octubre del año 2016f cuando los colombianos votaron mayoritariamente por el NO en el plebiscito y rechazaron el acuerdo. A pesar de la profundidad de la crisis el Presidente Juan Manuel Santos firmo el acuerdo a finales del mes de noviembre.

(Vea: Las virtudes de un acuerdo de Paz incluyente: Senador Everth Bustamante)

En virtud del acuerdo se concedió a las Farc una amnistía para los delitos políticos, asunto respecto del cual existía viabilidad jurídica y un cierto consenso político, pero se aprobaron como conexos al delito político el secuestro y el narcotráfico con lo cual se profundizo, aún más, la polarización y la división del país.

Adicionalmente se aprobaron penas alternativas para los delitos o crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Un precio muy alto en opinión de una amplia mayoría de los colombianos.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS EN EL GOBIERNO DUQUE.

En las últimas semanas se desató un debate público buscando responsabilizar al actual gobierno de incumplimiento en la implementación de los acuerdos con las Farc. Es necesario recordar que, aunque el Presidente Iván Duque siendo un destacado Senador de la bancada del Centro Democrático se opuso a varios procedimientos, mecanismos y temas contenidos en los acuerdos, una vez asumió como Presidente de la República y Jefe de Estado adquirió la obligación de cumplir con los mandatos que sobre la materia quedaron consagrados en la Constitución Nacional y en la ley.

Todo proceso de paz además de reparar a las víctimas debe servir para fortalecer la institucionalidad democrática

Por tal razón en lo que respecta a la implementación de los acuerdos el actual gobierno fiel a lo ordenado por la Constitución y la ley sobre la materia, en diciembre de 2018 adoptó la política de Estabilización ¨Paz con Legalidad¨ con tres objetivos muy claros y precisos: 1) Garantiza la reparación de las víctimas, 2) cumplir los compromisos con los reincorporados y 3) apoyar y proteger a las familias comprometidas en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos.

Adicionalmente, es necesario reiterarlo, en la política de ¨Paz con Legalidad¨ se establece un deslinde para que en lo sucesivo (eventuales acuerdos con el ELN, la disidencia de las FARC y otros) ni el narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como delitos conexos al delito político y para que se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra menores de edad.

Veamos el panorama general de lo implementado hasta el momento:

Mientras el gobierno anterior desde septiembre de 2016 (firma de los acuerdos) hasta el 7 de agosto de 2018, es decir, en 23 meses solo firmó 2 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) el gobierno del Presidente Duque desde el 7 de agosto de 2018 y hasta diciembre de 2019, es decir, en menos de 17 meses puso en marcha 14 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con la participación de más de 220.000 asistentes, quienes priorizaron y organizaron 32.808 iniciativas, de las cuales 1.178 son de carácter subregional y 31.630 de carácter municipal, cumpliendo así con la puesta en marcha del principal instrumento para la recuperación y el desarrollo territorial de las 16 subregiones y los 170 municipios definidos como prioritarios en los acuerdos de paz.

Se encuentran en desarrollo más de 800 proyectos productivos individuales y más de 48 proyectos productivos colectivos. Cobertura prestacional y de salud a más del 90% de los excombatientes, la puesta en marcha del Catastro Multipropósito y el acceso de los excombatientes a diferentes bienes y servicios consolidando oportunidades de propiedad.

La semana pasada dentro del Proyecto Catatumbo Sostenible y en visita del Presidente Duque a esa región el empresario y filántropo Howard Buffet anunció la donación de 46 millones de dólares para la construcción de vías terciarias en esa zona del país.

 

                                   DIFERENCIAS DE LOS ACUERDOS CON LAS FARC Y LOS DEL M – 19

(Lea también: La W radio: ¿Por qué un ex combatiente del M19 dice NO en el próximo plebiscito?)

1) EN LO ÉTICO Y LO POLÍTICO:

En Colombia las violencias obsoletas frenan la aparición de corrientes que lideren la insurrección tecnológica:  

El M-19 renunció voluntaria y unilateralmente al uso de las armas.

Las Farc no renunciaron voluntariamente a las armas.

Aquí se puede subrayar que existió una diferencia de carácter ético en cuanto al uso de los medios y los fines. El M-19 llego a la conclusión que el fin no justifica los medios y por esa razón abandono las armas. En el caso de las Farc el abandono de las armas estuvo sujeto a los logros de la negociación. (El fin justifica los medios).

2) EN LO CONSTITUCIONAL Y LEGAL:

El acuerdo con el M-19 se adelantó en el marco de la Constitución del 86 y el régimen jurídico vigente. (Ley 77 de 1.989 de sometimiento a la justicia)

El acuerdo con las Farc conllevo alteraciones constitucionales y legales (Bloque de constitucionalidad y trámite de Fast track) (13% para el Plebiscito) y la adopción de un Tribunal Especial (JEP) extraño al sistema judicial colombiano.(Vea: ¿Cuál discusión democrática?: los proyectos que trae el Gobierno y su coalición de fuerzas son inmodificables)

3) EN LO JURISDICCIONAL:

En el acuerdo con el M-19 no se creó una justicia transicional, ni una jurisdicción especial de paz.

En el acuerdo con las Farc se creó un Tribunal Especial (JEP) con funciones exclusivas y absorbentes, dotado de poderes supremos por encima de las cortes, los tribunales y el sistema judicial ordinario. (Lea: El Demonio está en los detalles: no quieren discutir a pesar de graves inconsistencias en la JEP)

4) EN CUANTO A LAS COMPETENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

En el caso del acuerdo con el M-19 el congreso no se desprendió de sus competencias ni otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la época.

En el caso del acuerdo con las Farc el congreso se despojó de sus facultades y se las otorgo al Presidente de la República. (Vea: El Congreso no tiene la competencia de reemplazar al constituyente primario, es decir, al ciudadano: Senador Everth Bustamante)

5) EN CUANTO A LA ELEGIBILIDAD POLÍTICA:

En el acuerdo con el M-19 no se otorgó elegibilidad política a dedo. A pesar de no contar con experiencia electoral salió a competir en las mismas condiciones con los demás partidos políticos y sin ninguna ventaja logró, en las elecciones parlamentarias de 1.990, elegir varios escaños, en la Constituyente del 91 alcanzo el 30% de sus miembros y en las nuevas elecciones parlamentarias de 1.991 eligió 9 senadores y 14 Representantes a la Cámara.

En el acuerdo con las Farc se les otorgó a dedo 10 curules en el Congreso de la República y buscan 16 más afirmando que son para las víctimas. (Vea: Farc quieren apropiarse de las 16 circunscripciones de paz que son para las víctimas NO para los Victimarios)

 

 

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